La violencia contra la mujer trabajadora no cesa

En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Ahí se escogió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres conmemorando la muerte de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana brutalmente asesinadas en 1960 por el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1999 la ONU ratificó esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde entonces, lejos de disminuir, la violencia contra la mujer ha tomado visos de pandemia según la propia ONU. Según datos de octubre de 2010, el 59% de las mujeres"sufren diferentes tipos de violencia física, sexual, psicológica y económica dentro y fuera de sus casas". En Brasil, cada cuatro minutos una mujer es agredida y golpeada dentro de su propia casa; diez mujeres son asesinadas por día. Casi siempre el cadáver desaparece, es tirado a un río, empalado o tirado a los perros. En todos los casos las víctimas hicieron denuncias a la policía, apelaron a la ley. Pero no se salvaron. La tasa de pobreza es un 5% mayor en los hogares encabezados por mujeres que por hombres en Colombia, República Dominicana, Jamaica o Venezuela, pero en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú superan ese porcentaje. Cada año en el mundo, un millón de menores y otro millón de mujeres, se convierten en esclavas sexuales.

En el mundo, una de cada cuatro mujeres ha sido violada en algún momento de su vida. Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. Principalmente las mujeres y niñas han sido, como en épocas remotas, botín de guerra en los conflictos armados de África, América Latina y Europa. En Colombia, según la revista Semana, de los ataques sexuales contra las mujeres cometidos desde 1993 al 2008, el 58% fueron cometidos por paramilitares; el 23% por integrantes de la fuerza pública, y el 8 por ciento por guerrillas.
A pesar de que en los países existen leyes que protegen a las mujeres, la impunidad campea, especialmente en los países llamados en desarrollo. Muestra de ello son los casos mencionados de Brasil, los asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez en México, los recientes asesinatos y violaciones de niñas perpetrados en Arauca, Colombia por un miembro de las FFMM, o las sistemáticas violaciones de mujeres realizadas por miembros de los cascos azules de la ONU, en Somalia y Haití.

La crisis económica mundial ha lanzado alrededor de 60 millones de trabajadores al desempleo y la pobreza. Según la a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la desocupación afectará a los grupos más vulnerables de la población mundial, a jóvenes, inmigrantes, trabajadores temporales y mujeres. Si tenemos en cuenta que de los jóvenes, los trabajadores temporales e inmigrantes una buena parte son mujeres, podemos concluir que las mujeres están cargando la peor parte de la crisis.

Conclusión, el capitalismo se ensaña contra los sectores más débiles de la sociedad. Los hechos demuestran que esta sociedad capitalista y patriarcal nunca protegerá a las mujeres, en especial a las trabajadoras y pobres que son las más atacadas. Podemos conseguir leyes, pero después estas no se aplican. Una razón más para acabar con el capitalismo. No erradicaremos definitivamente esta violencia hasta que acabemos con él y lo reemplacemos por la sociedad socialista sin explotación ni opresión y donde reine la igualdad y solidaridad entre hombres y mujeres

La criminalización del aborto es otra forma de violencia contra la mujer
La sociedad capitalista condena a la mujer que se practica un aborto. Esa misma sociedad que la condena ha envilecido la sexualidad femenina en el ámbito público y privado, ha prostituido a la mujer y la utiliza como objeto sexual, pero al mismo tiempo la censura cuando ejerce libremente su sexualidad. La gran mayoría de los países no garantiza una adecuada educación sexual en las escuelas y tampoco proporcionan anticonceptivos en forma gratuita. A las mujeres se las quiere mantener sumisas mediante ideologías falsas de la clase dominante y los sectores más retardatarios de la sociedad; de manera consciente se les niega el conocimiento y dominio de su propio cuerpo, de su sexualidad y el control de la reproducción, no sólo para mantener el machismo como mecanismo de opresión, sino para perpetuar la explotación de la mano de obra femenina que es más barata que la masculina. Las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores más pobres de la sociedad, condenadas a tener hijos de embarazos no deseados, no pueden garantizarles las mínimas condiciones materiales y emocionales para un desarrollo armónico adecuado. El sistema capitalista condena a esos niños a ser presa fácil de las peores lacras de la sociedad, la delincuencia, la drogadicción o el desempleo.

Las cifras de abortos clandestinos y de muertes de mujeres relacionadas con el embarazo corroboran que las posturas que criminalizan aborto y que dicen defender la vida, no son más que hipocresía. Veamos las cifras: En el mundo hay 75 millones de embarazos no deseados por año y 50 millones de abortos inducidos, 20 millones de abortos realizados en condiciones de riesgo y 600.000 muertes maternas.

Es especialmente nefasto el papel de la Iglesia Católica, llena de abusadores de mujeres y niños, que no sólo enfrenta la legalización del aborto, sino también el uso de preservativos, condenando a sus jóvenes seguidores a contagiarse del SIDA.

Por otro lado, en los trabajos precarizados, los únicos a los que tienen acceso la gran mayoría de las trabajadoras jóvenes, el embarazo es causa inmediata de despido, como pasa continuamente en Argentina. Otra forma de violencia contra la mujer que desea ser madre.
Este 25 de noviembre, las mujeres trabajadoras y pobres, junto a nuestros compañeros, podemos aprovecharlo para hacer conciencia de que la violencia y el maltrato son mecanismos de opresión para mantener la explotación del sistema capitalista contra miles de millones de trabajadoras y pobres del mundo. Esta fecha debe convertirse en un día de lucha y movilización por el derecho al aborto seguro y gratuito cuando la mujer no desee la maternidad; en contra del despido de trabajadoras embarazadas; por el derecho a un salario igual entre hombres y mujeres, suficiente para vivir y educar a los hijos en condiciones óptimas. Por guarderías para los hijos y educación gratuita incluyendo la educación superior tanto para hombres como para mujeres. Por casas de abrigo para las mujeres golpeadas. Castigo a los golpeadores, asesinos, violadores y traficantes de mujeres y niños, con mayor razón si son agentes del Estado.

Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI)
Secretaría Internacional de la Mujer
23-11-10
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Italia: Masivas manifestaciones estudiantiles en 100 ciudades.

“Nos quitan el porvenir”, “Ya lo acortaron todo. Córtennos también los brazos”.
La campaña de protesta empezó hace un mes y medio. La unión sindical italiana VICT anunció que día el 27 de este mes será llevada a cabo una acción nacional de protesta.

El miércoles 17 de noviembre, la juventud italiana celebró el Día Internacional del Estudiante, con masivas acciones de protesta contra la reforma del sistema de educación vinculada al nombre de la ministra de Educación, Maria Stella Gelmini.

Decenas de miles de alumnos de secundaria, estudiantes universitarios, maestros y profesores participan en mítines, huelgas, manifestaciones y otras acciones en un centenar de ciudades de Italia.

Los manifestantes se pronuncian contra la reforma propuesta por Gelmini que estipula, en particular, reducir sustancialmente la financiación del sistema de enseñanza por parte del Estado.

Las acciones se desarrollan bajo los lemas “Nos quitan el porvenir”, “Ya lo acortaron todo. Córtennos también los brazos”.

Fuente: http://laclaes.info

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Arequia: Reinicia Huelga Indefinida en Islay en oposición al Proyecto Tía María.

Los dirigentes del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo estuvieron en Lima el 18 Noviembre para pedirle al Gobierno una solución política al conflicto en Islay y que cumplan con los acuerdos prometidos en Abril de este año. Denunciaron en conferencia de prensa la persecución política y judicial de la que son objeto.

El Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo decidió retomar esta medida de fuerza (que es un acuerdo de sus bases), tras haber fracasado los intentos por reiniciar el diálogo con el Gobierno para que cumplan sus compromisos asumidos en Abril de este año. Como se recuerda, la movilización del pueblo de Islay fue tan contundente que en acuerdo para que se levantara el Paro, el 20 de Abril del 2010 el Gobierno ofreció entre otras cosas, la suspensión de actividades mineras en Arequipa de la Southern Perú Copper Corporation. Los meses han pasado y pese a la queja presentada por los dirigentes al Ministerio de Energía y Minas el resultado fue judicializarlos y perseguirlos políticamente para silenciarlos, atentando de esta manera con los derechos más fundamentales amparados por la democracia.
Datos de Contexto del Conflicto de Islay-Arequipa


El Valle del Tambo está ubicado en la provincia de Islay. Actualmente el 61% de la provincia de Islay está concesionada a proyectos mineros (ver el mapa). La población tiene conocimiento de que luego de Tía María vendrán otros proyectos de Minera Pampa de Cobre, Milpo, Cerro Verde, Golden Ideal, Teck Cominco, Cementos Otorongo, entre otras.


Es por ello que el 27 de Setiembre del 2009 se llevó a cabo consultas populares en las que la población de Islay dijo NO a la Minería en 6 distritos con el 95% de los votos válidos en Cocachacra, el 96% en Punta de Bombón, el 98% en Deán Valdivia, el 93% en Matarani, el 90% en Mejía y el 82% en Mollendo, capital de la provincia. Es decir que la ciudadanía manifestó ampliamente su NO aceptación del riesgo que representa la minería para su actual modelo de desarrollo socioeconómico con sostenibilidad ambiental, en un contexto de cambio climático que afecta aún más sus ecosistemas.


En el marco de esa situación y decisión, la Southern Perú Copper Corporation, titular del proyecto Tía María no cuenta con la licencia social para efectuar sus actividades en la zona. Y dado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son estudios por encargo, pagados por las mineras a consultoras privadas no reguladas, éstas no presentan ninguna garantía para la población.


Por ser una minería a tajo abierto, conlleva una gran posibilidad de ser altamente contaminante y pone en riesgo el valle y el modelo de desarrollo de sus habitantes, basado en la agricultura.



A pesar del tardío anuncio de hacer uso de una técnica de desalinización del mar para no comprometer las reservas de agua dulce, esto no es suficiente, ya que habrían indicios de que a la larga igual afectaría las tierras y con ello, la producción de alimentos, base de la economía de sus pobladores.



El valle de Tambo se ubica en la provincia de Islay, a dos horas de la ciudad de Arequipa. Abarca una extensión de alrededor de 10,000 has, donde por producción agrícola se cosechan cultivos de arroz, caña de azúcar, alfalfa y, en menor cantidad ají, papa, maíz, cebolla y ajo. Existen dos campañas agrícolas distintas, controladas por la disponibilidad hídrica estacional de río Tambo: el cultivo de arroz y caña de azúcar.



El espacio de las concesiones mineras, derechos concedidos a algo más de 10 titulares, se superpone a un espacio que abarca y se extiende más allá del Valle del Tambo, lo que expresa sustantivamente el ingreso de la actividad minera compitiendo con el desarrollo agrario y amenazando con contaminar suelo, agua, aire, agricultura, ganadería y salud humana; dada las características fisiográficas, hidrodinámicas, climáticas y de circulación del aire del Valle. Por comprender un conjunto de proyectos mineros y tener un alcance económico territorial que cuestiona el desarrollo agrario provincial en curso, lo que se requiere no es la realización de un Estudio de Impacto Ambiental sino más bien una Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento que está contemplado en nuestra legislación hace más de un año, pero que inexplicablemente no se aplica para estos casos: cuando se trata de la introducción de una actividad que transformará el uso del territorio de manera significativa.

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