Los dirigentes del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo estuvieron en Lima el 18 Noviembre para pedirle al Gobierno una solución política al conflicto en Islay y que cumplan con los acuerdos prometidos en Abril de este año. Denunciaron en conferencia de prensa la persecución política y judicial de la que son objeto.El Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo decidió retomar esta medida de fuerza (que es un acuerdo de sus bases), tras haber fracasado los intentos por reiniciar el diálogo con el Gobierno para que cumplan sus compromisos asumidos en Abril de este año. Como se recuerda, la movilización del pueblo de Islay fue tan contundente que en acuerdo para que se levantara el Paro, el 20 de Abril del 2010 el Gobierno ofreció entre otras cosas, la suspensión de actividades mineras en Arequipa de la Southern Perú Copper Corporation. Los meses han pasado y pese a la queja presentada por los dirigentes al Ministerio de Energía y Minas el resultado fue judicializarlos y perseguirlos políticamente para silenciarlos, atentando de esta manera con los derechos más fundamentales amparados por la democracia.
Datos de Contexto del Conflicto de Islay-Arequipa
El Valle del Tambo está ubicado en la provincia de Islay. Actualmente el 61% de la provincia de Islay está concesionada a proyectos mineros (ver el mapa). La población tiene conocimiento de que luego de Tía María vendrán otros proyectos de Minera Pampa de Cobre, Milpo, Cerro Verde, Golden Ideal, Teck Cominco, Cementos Otorongo, entre otras.
Es por ello que el 27 de Setiembre del 2009 se llevó a cabo consultas populares en las que la población de Islay dijo NO a la Minería en 6 distritos con el 95% de los votos válidos en Cocachacra, el 96% en Punta de Bombón, el 98% en Deán Valdivia, el 93% en Matarani, el 90% en Mejía y el 82% en Mollendo, capital de la provincia. Es decir que la ciudadanía manifestó ampliamente su NO aceptación del riesgo que representa la minería para su actual modelo de desarrollo socioeconómico con sostenibilidad ambiental, en un contexto de cambio climático que afecta aún más sus ecosistemas.
En el marco de esa situación y decisión, la Southern Perú Copper Corporation, titular del proyecto Tía María no cuenta con la licencia social para efectuar sus actividades en la zona. Y dado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son estudios por encargo, pagados por las mineras a consultoras privadas no reguladas, éstas no presentan ninguna garantía para la población.
Por ser una minería a tajo abierto, conlleva una gran posibilidad de ser altamente contaminante y pone en riesgo el valle y el modelo de desarrollo de sus habitantes, basado en la agricultura.
A pesar del tardío anuncio de hacer uso de una técnica de desalinización del mar para no comprometer las reservas de agua dulce, esto no es suficiente, ya que habrían indicios de que a la larga igual afectaría las tierras y con ello, la producción de alimentos, base de la economía de sus pobladores.
El valle de Tambo se ubica en la provincia de Islay, a dos horas de la ciudad de Arequipa. Abarca una extensión de alrededor de 10,000 has, donde por producción agrícola se cosechan cultivos de arroz, caña de azúcar, alfalfa y, en menor cantidad ají, papa, maíz, cebolla y ajo. Existen dos campañas agrícolas distintas, controladas por la disponibilidad hídrica estacional de río Tambo: el cultivo de arroz y caña de azúcar.
El espacio de las concesiones mineras, derechos concedidos a algo más de 10 titulares, se superpone a un espacio que abarca y se extiende más allá del Valle del Tambo, lo que expresa sustantivamente el ingreso de la actividad minera compitiendo con el desarrollo agrario y amenazando con contaminar suelo, agua, aire, agricultura, ganadería y salud humana; dada las características fisiográficas, hidrodinámicas, climáticas y de circulación del aire del Valle. Por comprender un conjunto de proyectos mineros y tener un alcance económico territorial que cuestiona el desarrollo agrario provincial en curso, lo que se requiere no es la realización de un Estudio de Impacto Ambiental sino más bien una Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento que está contemplado en nuestra legislación hace más de un año, pero que inexplicablemente no se aplica para estos casos: cuando se trata de la introducción de una actividad que transformará el uso del territorio de manera significativa.
0 comentarios:
Publicar un comentario